Trabajo no cede a la presión de la patronal e insiste en que las empresas que se acojan a un ERTE no puedan despedir en 2020

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No prorrogará los ERTE por fuerza mayor más allá de junio.

El Ministerio de Trabajo no está dispuesto a ceder a una de las medidas clave que puso sobre la mesa desde el primer momento en que empezó a aplicar iniciativas para combatir a los perjuicios económicos del coronavirus. Yolanda Díaz quiere mantener la prohibición de los despidos en 2020 a las empresas que se acojan ahora a un ERTE por fuerza mayor, pese a las críticas que viene recibiendo desde el mundo empresarial.

En este sentido, la CEOE se ha pronunciado este miércoles rechazando esta posibilidad, así como el mantenimiento del empleo durante seis meses para las empresas que hayan presentado a un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia del Covid-19.

La patronal lamenta que el planteamiento al que se aferra Díaz “no cumple los objetivos de necesario apoyo a las empresas” y que no contribuirá a la necesaria dinamización de la economía ante el fuerte retroceso en el que ya está sumida tanto la economía española como la creación de empleo.

Pero la prohibición del despido no es la única cuestión en la que la titular de Trabajo no da su brazo a torcer. Díaz apuesta por dejar que decaigan los ERTE en junio, como estaba previsto y a pesar de las reiteradas peticiones de diversos sectores, como el de la limpieza, para que se prorroguen automáticamente. También los sindicatos han mostrado su predilección por la prórroga de los ERTE. “Hay que pelear porque los Ertes sigan funcionando y esperamos alcanzar un acuerdo para renovarlos”, señalaba Unai Sordo, secretario general de CCOO, hace unos días.

Por el contrario, la ministra pretende que los ERTE venzan el próximo mes, de forma que sea el Ministerio quien seleccione una a una las actividades que pueden seguir acogidas a este mecanismo. Todo apunta a que el turismo será uno de los sectores elegidos. No es una cuestión baladí: más de cuatro millones de trabajadores en España se encuentran actualmente inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo.

 

 

Fuente: El Economista

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