La aprobación de los ERTEs queda en manos de la inspección de Trabajo

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  • La empresa debe demostrar que les resulta imposible la producción.
  • Los sindicatos exigen abrir negociación sobre los términos del expediente.

 

La concesión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor no serán automáticos para las empresas que se hayan visto afectadas por la crisis del coronavirus, sino que la existencia de esta circunstancia, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista, deberá ser constatada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

La Autoridad laboral trabaja con las mismas reglas con las que lo venía haciendo, con la diferencia de que tiene acortados los plazos para decidir. Por ello, a diferencia de los Erte por otras causas, el de fuerza mayor debe ser aprobado mediante una resolución en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La empresa, por tanto, debe presentar pruebas suficientes que acrediten una necesidad perentoria de recurrir a este procedimiento extraordinario.

Aunque se desconoce el número total de expedientes en toda España, ayer, por ejemplo, la Generalidad de Cataluña informó de que se han presentado ya 25.160, que afectan a 247.690 trabajadores, mientras que en la Comunidad Valenciana se han registrado 9.965 Ertes para 73.961 trabajadores.

 

Seguir con trabajo parcial

Con las medidas del estado de emergencia las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar la actividad, salvo en aquellos sectores que por su exposición al público se ha ordenado su cierre, como es el caso de bares o comercio.

Así, por ejemplo, trabajo ha anunciado que estudia la mejor alternativa técnica para que ninguna entidad sanitaria privada ni centro de mayores pueda suspender su actividad durante esta crisis. Según han revelado fuentes del Ministerio, el Gobierno “no va a consentir que se produzca ningún Erte en la sanidad privada mientras dure esta crisis”.

Prueba de este control es el rechazo a la solicitud de Burger King de enviar a casa a sus 14.000 empleados, al considerar que la compañía sí puede ofrecer parte de su servicio. Trabajo estima que la cadena de comida rápida puede operar algunos de servicios, como el de entrega de comida a domicilio o la recogida de pedidos con coche en los restaurantes. Otro caso distinto es el de Globalia, para el que la CNMC ha requerido más documentación sobre su posición de dominio en el sector de agencias de viajes.

 

Las causas que se alegan

Las causas de fuerza mayor que se alegan son las referidas a la pérdida de actividad por la declaración del estado de alarma, por la necesidad de suspender o cancelar actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y de la movilidad de las personas y mercancías.

También, como en el caso de Fujitsu (el único aprobado por ahora), a causa de los problemas de desabastecimiento de materiales que ha provocado la crisis del coronavirus en China. Y, como es consecuente, por situaciones urgentes y extraordinarias por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria.

Con respecto a los trabajadores, la empresa no está obligada a comunicar su solicitud a representantes de los trabajadores, sino solo a informarles y trasladarles la documentación acreditativa. Sin embargo, en muchas de ellas, la representación sindical se niega a que la decisión sea unilateral y presionan para negociar los términos del Erte.

 

La presión de la parte social

Los sindicatos se encuentran en alerta ante la solicitud masiva de Ertes por las empresas de todo lugar, tamaño y actividad. Así, el sindicato vasco LAB ha manifestado en un comunicado que no va a permitir “ningún ataque contra los derechos laborales que se pueda realizar con la excusa de la pandemia” y ha propuesto que los trabajadores que no estén en servicios mínimos y no puedan teletrabajar cobren la integridad de sus salarios.

CCOO, por su parte, ha pedido a la dirección de H&M que rectifique en su decisión de aplicar un Erte y que solo lo presente “por fuerza mayor” si el estado de alarma se extiende más allá del 15 de abril. En el caso de Inditex, por ejemplo, ha anunciado que no se tomarán medidas hasta el próximo 15 de abril, que será parcial y que la empresa complementaría, en este caso la retribución hasta el 100% salarial, garantizando siempre la conservación del empleo”.

En el caso de Nissan, la dirección de la compañía ha acordado con la parte social complementar la prestación de desempleo del Erte hasta el 85% del sueldo de cada empleado, manteniendo pagas extraordinarias y vacaciones. Seguirán trabajando aquellos cuyos puestos permita hacer teletrabajo y desarrollar su actividad desde casa.

 

Fuente: El Economista

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