Es procedente el despido de un trabajador que impide acceder a la información corporativa guardada en el ordenador de empresa

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Se convalida la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado procedente el despido disciplinario de un trabajador que impidió acceder a la información corporativa guardada en el ordenador de empresa.

La Sala de lo Social ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Migfre Mecánica SL contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid que en marzo de 2023 lo había declarado improcedente, que revoca, y confirma su procedencia.

Como dispone el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores (ET), el despido procedente convalidará la extinción del contrato de trabajo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

La empresa ha estado asistida por Rubén Rivero Cano, socio-director de Rivero Cela Abogados.

La sentencia la firman los magistrados Manuel María Benito López (presidente), José Manuel Martínez Illade, Carla García del Cura (ponente). Fue dictada el pasado 11 de septiembre (recurso número 1144/2023), y la ha dado a conocer hoy en redes sociales el abogado Ramón Arnó Torrades, especialista en aspectos jurídicos de la sociedad de la información y transformación digital, CEO de La Familia Digital. 

Preguntado por ella por Economist & Jurist, Arnó destaca que «los hechos probados de la resolución ponen de relieve que la conducta del trabajador consiste en diversos incumplimientos graves que suponen la transgresión de la buena contractual y el abuso de confianza en el desempeño del trabajo».

«El deber de actuar conforme a las reglas de la buena fe que se cita en el artículo 5.a del ET es uno de los deberes laborales básicos a los que deben ajustar su actuación los trabajadores, que se reitera en el artículo 20.2º del mismo cuerpo legal al disponer que el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a la exigencias de la buena fe», expone este letrado.

Y añade que «es por ello que la buena fe es uno de los pilares sobre los que descansa la prestación laboral y la razón que explica que el legislador la configure en el artículo 54.2 letra d) del ET como incumplimiento contractual que puede ser objeto de sanción disciplinaria por el empresario (sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2018, Rec. 962/17)».

Los incumplimientos en los que incurrió

El TSJ explica que a la vista de los hechos probados y en especial a la carta de despido y los incumplimientos elevados a verdad procesal por el magistrado de instancia, el trabajador ha incurrido en varios incumplimientos, como son la eliminación de forma permanente de los accesos históricos de los navegadores instalados en el equipo que utilizaba, perteneciente a la empresa, afectando a todos los datos de exploración; además, la credencial del usuario de dominio (contraseña) del indicado equipo, que periódicamente requiere ser cambiada de forma automática, fue cambiada por él sin comunicación al responsable de sistemas de la empresa.

Asimismo, señala que el archivo «pst» de la cuenta de correo electrónico asignada a su usuario fue protegida por este trabajador con otra contraseña adicional a la ya existente, no pudiendo la empresa acceder a dicho archivo.

Los magistrados exponen que la resolución recurrida, a pesar de dar por acreditados estos incumplimientos, que no han sido recurridos por el trabajador, admitiendo por ello la realidad de los mismos, considera que el despido fue improcedente porque éstas actuaciones no revisten una gravedad suficiente para incardinar una conducta culpable y voluntaria del trabajador susceptible de ser sancionada con el despido. Criterio que no comparte el TSJ.

El alto tribunal de Castilla y León declara que «vistas las actuaciones del empleado, quien, además, ostentaba la condición de socio minoritario de la mercantil (HP Segundo), y participaba como jefe de proyectos, lo que le hacía acreedor de una especial confianza con la empresa, además de poder acceder a cierta documentación más reservada o sensible como consecuencia de su condición, quebró la relación de confianza existente con la empresa al haber realizado aquellas actuaciones«.

Añade que «si bien se desconoce con qué fin (pues no se puede pasar por alto que aquel a los tres meses del despido comunicó a la mercantil que iniciaba una nueva relación laboral con otra empresa del mismo sector)», impedir el acceso a la documentación e información existente en el ordenador perteneciente a la empresa es «una práctica reprochable al trabajador», cuando, además, se especifica que no hubo otras trabajadores que hicieran esto ni tampoco el mismo estuviese autorizado para llevarlo a cabo.

Además, indica que en este caso, la diligencia y lealtad han de exigirse con mayor rigor cuando se trate de empleados que tienen atribuidas una concreta responsabilidad en razón del cargo que desempeñen, dada la confianza que en ellos se deposita.

Artículo 20.3 del ET

El TSJ también destaca que el control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el artículo 18 del ET, sino por el 20.3, y hace una serie de matizaciones.

La primera de ellas se refiere a los límites de ese control. Al respecto, el tribunal señala la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores.

«Esa tolerancia crea una expectativa también general de confidencialidad en esos usos; expectativa que no puede ser desconocida, aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen de los controles previstos para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio», razona.

Los magistrados afirman que al haber eliminado permanentemente el acceso a los históricos de los navegadores, afectando con ello a todos los datos de exploración, así como haber cambiado la contraseña y haber implementado una contraseña adicional, impidiendo así su acceso al empresario, son «actos que quiebran la lealtad y confianza que ha de presidir todo nexo contractual, pues de esta manera el empleado está impidiendo a la mercantil llevar a cabo su deberes empresariales, además de generar un ambiente de desconfianza con el mismo, quebrando los deberes mutuos y siendo claramente un acto de deslealtad frente a su empleador».

Por ello, concluye que que el despido ha de ser calificado como procedente, «al haberse cumplido rigurosamente todos los requisitos legales previstos en las normas alegadas como infringidas».

La sentencia todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina.

 

 

Fuente: Economist & Jurist

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