Coronavirus: Nota informativa para la empresa

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Con fecha de ayer, 4 de Marzo del 2020, El Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó una Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus.

En dicha guía se detallan las posibles medidas que debe y/o pueden adoptar las empresas en caso de contagio:

1.- Paralización de la actividad por decisión de la empresa:

Las empresas pueden adoptar medidas organizativas o preventivas que, de manera temporal, eviten situaciones de contacto social, sin necesidad de paralizar su actividad.

No obstante, y para cuando esto no resulta posible, de conformidad con lo recogido en el artículo 21 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y en lo que atañe al riesgo de contagio por coronavirus, cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestas a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa estará obligada a:

  • informar lo antes posible acerca de la existencia de dicho riesgo,
  • adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las personas trabajadoras puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

En aplicación de esta norma, las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo.

No obstante, es posible activar medidas que permitan el desarrollo de la actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal de la actividad.

2.- Paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras:

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el art. 21.2 de la LPRL también las personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.

Asimismo, por decisión mayoritaria, la representación unitaria o las delegadas y delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad de las personas trabajadoras afectadas por el riesgo de contagio grave e inminente por coronavirus.

Las personas trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Dicha guía señala que debe tratarse de un riego “grave e inminente” y que, en cuanto a la inmediatez del riesgo, la mera suposición o la alarma social generada no son suficientes para tener cumplidos los requisitos.

3.- Medidas preventivas:

Con carácter general, y a excepción de aquellos puestos de trabajo en los que existan riesgos específicos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, deben aplicarse los deberes ordinarios de protección establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.

El deber de protección de la empresa implica que esta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control.

En todo caso, las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que la empresa realice.

Entre las medidas que pueden adoptarse de acuerdo con las indicaciones del servicio de prevención y siempre en atención a las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, están las siguientes:

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos.

En este sentido, las empresas deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que fuesen precisos.

 

Del mismo modo, y a continuación, el propio Ministerio de Trabajo recuerda un conjunto de medidas que las empresas tienen la posibilidad de aplicar, tanto para salvaguardar los posibles contagios, como para adaptarse a nuevas situaciones, en cuanto su actividad, que el coronavirus les conlleve:

 

A).- El Teletrabajo como medida organizativa:

En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida temporal que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por acuerdo colectivo o individual, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones necesarias de tipo sanitario y preventivo, y conforme a los procedimientos regulados en el Estatuto de los Trabajadores.

En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa requerirá:

  • Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinario, que habrá de revertirse en el momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias excepcionales.
  • Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.
  • Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma de derechos profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma-, descansos, etc).
  • Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las personas trabajadoras, esto no suponga coste alguno para estas.

 

B).- Suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo:

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de las Autoridades Sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del coronavirus en el desempeño normal su actividad, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas contempladas en la misma -artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada-.

Una empresa podría ver afectada su actividad por el coronavirus por causas organizativas, técnicas o de producción, entre otras:

  • Por escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el coronavirus de empresas proveedoras o suministradoras.
  • Por un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso o acúmulo de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes.

El expediente temporal de empleo podrá ser de suspensión total o parcial de la jornada o de reducción de la misma, en tanto en cuanto la causa productiva, técnica u organizativa no afecte a la totalidad de las horas o días de trabajo desempeñados por la persona trabajadora.

Por otro lado, apuntan que se podría entender y se podría tramitar como fuerza mayor (expediente de regulación temporal de empleo especial y urgente), cuando las causas que justifican el expediente de regulación temporal sean, entre otras las siguientes:

  • Índice de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.
  • Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre por razones de cautela.

En todo caso, cualquiera que sea la causa, la empresa deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el preceptivo periodo de consultas con la representación de los trabajadores, o comisión a tal efecto, teniendo en cuenta que dicho procedimiento se aplica cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

En el caso que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral.

 

C) .- Suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente de regulación de empleo:

En el caso de que la empresa afectada por alguna de las causas productivas, organizativas o técnicas no procediese a la comunicación de un expediente de regulación de empleo pero igualmente paralizarse su actividad, resultaría de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario.

 

La propia Guía finaliza recordando las posibles “compensaciones” por parte del Estado en caso de que en algún momento se produjera una declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Todo y que la Guía responde a muchas de las dudas planteadas por las empresas, aprovechamos, también para, para acabar detallar algunos puntos adicionales a tener en cuenta:

¿Qué ocurre si una persona trabajadora se contagia o si debe estar en cuarentena?

El contagio supone una situación de baja por incapacidad temporal, pero la cuarentena también, ya que todo y no estar previsto con anterioridad, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha emitido el Criterio 2/2020 en el que se establece que los periodos de aislamiento preventivos a los que se vean sometidos los trabajadores a consecuencia del Coronavirus serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común.  

¿Las personas trabajadoras deben informar a la empresa si viajan a alguna zona de riesgo?

 Teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad recomienda no viajar a las zonas afectadas a no ser que sea estrictamente necesario, se recomienda a las empresas remitir estas indicaciones a sus empleados, recordándoles que, conforme el artículo 29 de la LPRL, tienen el deber de velar por su propia seguridad y salud, así como la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad, debiendo cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Por lo tanto, quienes viajen a las zonas de riesgo omitiendo esta información a la empresa, estarán incumpliendo obligaciones en materia de prevención de riesgos, pudiendo ser sancionados disciplinariamente.

 

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